Mapa del poder

Después del gobierno fujimorista, los grupos económicos (ahora conformados por empresarios dedicados a diferentes actividades) pudieron reconcentrar el poder gracias a la privatización de la economía.

Del total de grandes empresas, las más importantes son los conglomerados nacionales y extranjeros que representan a las empresas más grandes en las principales ramas de la economía nacional. Estos grupos de poder económico están liderados por banqueros y mineros quienes a su vez dirigen cientos de otras empresas. De 42 grupos económicos, solo uno es estatal; el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, (Fonafe) que posee algunas grandes empresas de petróleo, agua y energía; 26 son grupos privado nacionales y 16 son extranjeros o joint ventures (caso del Banco Bilbao Viscaya Argentaria, BBVA).

Una reciente investigación de Francisco Durand sobre los 12 principales grupos de poder económico peruanos al 2014 revela que una docena de grupos controla una gran cantidad de empresas (441), teniendo en promedio cada uno 38 empresas. Entre ellos se encuentran los grupos financieros que controlan tres de los cuatros principales bancos (Crédito, BBVA e Interbank); las dos empresas de seguros más grandes; dos de los cinco fondos de pensiones; la principal empresa aceitera y pesquera del país; compañías mineras, petroleras y energéticas; uno de los más grandes dueños de “universidades con fines de lucro”, entre otros.

Seis de estos grupos económicos (Romero, Brescia, Benavides, Ferreyros, Graña y Montero, y Rodríguez-Pastor) localizados en Lima, capital del país, tienen mayor influencia sobre el Estado, más experiencia política con partidos y elecciones, mayor peso en los grandes gremios empresariales (principalmente, la Confederacion de Instituciones Empresariales Privadas, Confiep, que agrupa a 22 federaciones representativas de las empresas grandes y medianas más importantes del país). A su vez, muchos miembros de la élite corporativa limeña son los socios principales de las multinacionales, tienen participación en diversos directorios como accionistas minoritarios y cuentan con el apoyo de los mejores estudios de abogados y empresas consultoras.

El grupo Graña y Montero, el principal constructor de obras públicas que opera normalmente en alianza con la constructora brasileña Odebrecth, es accionista de otras grandes empresas. El jefe de este grupo, José Graña Miró Quesada, es accionista minoritario del grupo El Comercio, que controla alrededor del 75% del mercado de la prensa escrita y es dueño de dos de los canales de televisión más importantes (Canal 4 y Canal N), uno de señal abierta y el otro de señal cerrada, respectivamente.

Para Francisco Durand, las corporaciones cuentan no solo con recursos materiales, también con redes personales y variados mecanismos institucionales para influir en el Estado (poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la sociedad civil. Ningún grupo social se acerca a tener este nivel de acceso e influencia en el Estado.

Poder político

El decretismo y la concentración del poder político están estrechamente relacionados con el Poder Ejecutivo que a su vez facilita el poder de influencia de las grupos económicos en el Estado.

Decretismo es una forma característica de las instituciones de gobierno, principalmente el Poder Ejecutivo, de tomar decisiones de manera discrecional. Según un estudio de Hernando De Soto, entre 1947 y 1985, periodo caracterizado por gobiernos dictatoriales y democráticos, el Ejecutivo concentró el poder al dictar el 98% de las normas. En aquel momento, los economistas obtuvieron un papel importante en las decisiones de gobierno al convertirse en personajes vinculados con organismos financieros internacionales y corporaciones. Desde entonces, tienden a ser empleados de estas compañías y emplear “la puerta giratoria”, es decir, trabajar en el sector privado y posteriormente en el aparto público y viceversa.

La concentración del poder se evidencia también en las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el más poderoso y puede legislar con autorización previa del Congreso vía decretos leyes. Puede además acelerar la aprobación de normas en coordinación con el Presidente, quien las presenta con “carácter de urgencia” al Congreso, e implementar leyes de manera que favorezcan a las élites económicas al priorizar las grandes inversiones.

Para el analista político Sinesio López, en la década de 1990 el presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, se aliaron al poder de los grupos económicos.

El Contrapeso

La captura del Estado se fortalece frente a la debilidad de la sociedad civil que busca evitar la concentración del poder en sectores de la población privilegiados. Los pueblos indígenas por ejemplo no cuentan con el mismo nivel de acceso e influencia que las élites económicas y reaccionan mediante protestas sobre aquellas decisiones de gobierno que los afecta, asegura Francisco Durand. A partir de la aplicación del shock económico y la represión que se ejerció durante la década fujimorista, las huelgas y protestas disminuyeron con respecto al período anterior. En 2000, las nuevas políticas laborales y la bonanza económica redujeron el número de huelgas. Sin embargo, a partir del crecimiento de las exportaciones, subió el índice de huelgas (indicando una recuperación de los sindicatos) así como el de los conflictos (debido a la multiplicación de proyectos extractivos y a la mayor renta minera).

En la actualidad, las principales formas de protestas se oponen a los grandes proyectos extractivos y exigen el respeto del derecho a la consulta previa, remediación ambiental y defensa de las fuentes de agua. En 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, se aprobó una ley que autoriza a la policía a tener oficinas en los campamentos mineros. Estos efectivos policiales eran pagados, transportados y acomodados por las compañías mineras. Este hecho reforzó la imagen en los frentes de defensa de que la policía “trabaja para las minas”. Los conflictos socioambientales ocasionaron la suspensión de algunos proyectos mineros (como Majaz, Tambogrande, Conga, Tía María) pero además una gran cantidad de víctimas (muertos y heridos) que pertenecían a las zonas de influencia de estos proyectos. Las fuerzas policiales también resultaron afectadas: entre 2011 y febrero del 2015, que comprende al gobierno de Ollanta Humala, murieron 53 civiles y 2 policías, y fueron heridos 870 civiles y 582 policías.