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La captura

La captura es una forma de influencia que ejercen élites económicas y políticas sobre asuntos de Estado. Esto refuerza el poder de los grupos económicos que concentran los recursos materiales, debilita a las instituciones públicas y afecta a los grupos sociales al ser excluidos de la toma de decisiones. La captura se expresa de la siguiente manera:

Captura política es la influencia que ejercen las élites económicas o políticas (incluso familias o partidos) sobre las decisiones del Estado, con el objetivo de obtener beneficios.

Captura regulatoria , cuando los intereses económicos de empresas y corporaciones influyen sobre los organismos regulatorios del Estado al punto que los favorece de manera directa.

Captura mafiosa ocurre cuando el crimen organizado influye sobre el aparato estatal para proteger sus negocios y evitar la fiscalización.

Captura corporativa es el poder ejercido por las grandes corporaciones o grupos empresariales que se caracterizan por tener mejores conexiones políticas, mayor poder económico y experiencia para influir en el Estado y lograr privilegios. La captura corporativa del Estado se ejerce de dos formas:

En democracia

En países con sistemas democráticos en Europa Central y América Latina, las corporaciones privadas emplean diferentes estrategias para beneficiarse con iniciativas legales o con la implementación de políticas ajustadas a sus intereses. Los grupos económicos pueden ejercer influencia sobre las decisiones de gobierno gracias a que poseen recursos materiales y capacidad para relacionarse al interior de las instituciones del Estado. De esa manera, las élites económicas son capaces de concentrar el poder pese a la existencia de instituciones y reglas democráticas.

Estrategias

Financiamiento de campañas

Familias ricas, grandes empresas e incluso el crimen organizado pueden realizar donaciones (en especie, en dinero o a través de favores) a partidos políticos durante sus campañas. Esta modalidad les proporciona a los grupos económicos conexiones con funcionarios del Estado y congresistas que serán de utilidad para circunstancias específicas: lograr protección, dictar o comprar leyes, obtener contratos y concesiones o acceder a propiedades del Estado. Las grandes empresas también pueden “invertir” en un candidato no solo con posiciones cercanas a las suyas sino también en aquellos que intentan representar a sectores pobres pero tienen menos recursos para sus campañas (y que se encuentran en una gran desventaja). A este último grupo, las corporaciones se acercan con el propósito de que cambien de posición y se aproximen a los intereses de las empresas.

Un claro ejemplo es el de Dionisio Romero Seminario, banquero reconocido como el “empresario más poderoso del país”, quien en las elecciones de 1985, año en el que era gerente general del Banco de Crédito del Perú (BCP), admitió haber financiado a tres partidos políticos, entre ellos, el partido de gobierno: el APRA. En ese momento, el presidente Alan García negó el hecho. Quince años después, el grupo Romero apoyó a varios candidatos a través de su compañía de aviación ATSA con el fin de que recorran el país.

El interés del grupo Romero por apoyar determinadas candidaturas ha permanecido hasta ahora. En una entrevista que brindó al diario El Comercio el 22 de agosto de 2015, Walter Bayly, principal ejecutivo del BCP (dirigido ahora por Dionisio Romero Paoletti), evitó mencionar a qué partidos había aportado el banco. Para estas elecciones, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Martín Pérez (miembro del grupo Romero) afirmó que “es normal que las empresas aporten a la campaña de dos o tres candidatos”.

En Perú, existe poca información sobre los ingresos que reciben los partidos políticos, situación que es aprovechada por las élites económicas (ver “Fuerza Popular se rehúsa a subsanar información sobre finanzas de campaña”). Otra condición que favorece la influencia de los grupos económicos en las decisiones de gobierno es el creciente número de partidos que se conforman en cada elección: pasó de 9 en 1985 a 20 en 2006. De acuerdo al portal Infogob, en la campaña electoral de 2011, se presentaron 10 listas presidenciales y en la de 2016, 19 (ver “80 años de elecciones presidenciales en el Perú”). Esto representa no solo partidos y candidatos distintos sino además la posibilidad de un mayor número de representantes con agendas personales susceptibles a la influencia de grupos económicos.

El lobby

Es la intervención de personajes con vínculos dentro del sistema político o “gestores de intereses” que se relacionan con funcionarios cruciales en la toma de decisiones. Un congresista poco preparado necesitará mayor información y asesoría de un tercero, situación que beneficia a los lobbies. Ellos pueden enviar informes, contratar expertos o pagar asesores para los congresistas con la finalidad de impulsar una agenda cercana a los intereses de quienes financian a los lobbies o informar sobre lo que sucede en el Congreso. En el caso peruano predomina el lobby en las sombras o “shadow lobbyst” antes que el lobista registrado. Existe un Registro Público de Gestión de Interés de acuerdo a la Ley Nº 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública. Según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), 36 gestores profesionales tienen inscripción vigente.

Un estudio sobre la Comisión de Energía y Minas del Congreso del periodo 2006-2011 realizado por Manuel Figueroa, miembro del Grupo de Investigación sobre Capacidad del Estado (GICEP), señala que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) opera apoyada por un marco burocrático y una institucionalidad política débiles.

La puerta giratoria

Este mecanismo es empleado, por ejemplo, cuando el presidente y los ministros designan a personas recomendadas por las élites económicas, que trabajaron en instituciones (bancos u organismos financieros internacionales) o por sus ideas a favor de un modelo económico. Esto genera que los grupos económicos obtengan ventajas políticas sobre los grupos sociales con menores ingresos. Si las élites económicas logran influir en la elección del presidente, y luego en un ministro o sus asesores y técnicos, es más fácil que estos funcionarios escuchen sus recomendaciones. Lo preocupante de esta dinámica de influencias es que si se logra reproducir gobierno a gobierno, los nombramientos tienden a ser dirigidos en un contexto de “puerta giratoria”. En 1998, el banquero Dionisio Romero insistió en varias ocasiones a Vladimiro Montesinos, dada la influencia que tenía este asesor sobre el presidente Fujimori, para que nombre a un amigo suyo o a un empresario como ministro del Ministerio de Economía y Finanzas. Según la investigación de Francisco Durand, el Congreso investigó en 2011 al grupo Romero por el uso que hacía de la “puerta giratoria”, mecanismo que le permitió establecer procesos de influencia directa durante más de 10 años.