No fue un miércoles cualquiera. A las 8 de la noche del 11 de junio de 2014, el presidente Ollanta Humala se alistaba a dar un discurso amistoso en la casa de importantes gremios empresariales del Perú: la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) en la ceremonia de su 118° aniversario. Durante once minutos, el mandatario enumeró el “paquete de normas” que ayudaría a erradicar las “trabas burocráticas” para agilizar la inversión privada. Humala anunciaría ante un auditorio copado de empresarios, las últimas decisiones tomadas horas antes en la más alta instancia de las autoridades del Poder Ejecutivo: el Consejo de Ministros. Ese día, se aprobó en tiempo récord y en una sesión irregular la ley 30230, llamada por sus opositores como la norma del “Paquetazo ambiental” debido a que el artículo 19 de la ley permitía reducir y perdonar multas por infracciones ambientales a las industrias extractivas.
Sin tomar en cuenta el impacto social y económico de la medida, aquella noche Humala aprovechó su discurso ante los empresarios para solicitar al Parlamento que respalde su plan para reactivar la economía del país. "Estoy seguro de que las agrupaciones políticas con presencia en el Congreso actuarán con la celeridad debida y apoyarán este conjunto de reformas", enfatizó.
Para entonces todo estaba consumado al interior del Ejecutivo.
El debate del proyecto de ley de la 30230 en el Consejo de Ministros de aquel 11 de junio no estuvo incluido en la agenda oficial, como comprobó Convoca.pe en los documentos filtrados del correo personal del entonces primer ministro René Cornejo. Recién un día antes de la sesión del Consejo de Ministros, al borde de las 10 de la noche, el premier se comunicó con la Coordinadora de Normas Legales de Presidencia, Milanca Revollar Tristán, para informarle que en la agenda de la sesión aún faltaban incorporar “4 proyectos de PCM” y un proyecto de ley “de medidas de re activación [sic]”. Esta última iniciativa se entregaría el mismo día de la sesión “a la mano”, aseguró Cornejo. Se trataba de lo que luego se conoció como el “Paquetazo ambiental” y que fue celebrado horas después por los empresarios la noche del aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias.
Contra el reloj
Desde setiembre de 2015, Convoca.pe solicitó al Despacho Presidencial, vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, una copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el proyecto de ley de la 30230, pero luego de nueve meses de insistencia no ha sido posible obtener la información a pesar que la Defensoría del Pueblo intervino ante nuestro reclamo. En un oficio de abril de 2016, el secretario del Despacho Presidencial, Raúl Miranda Sousa Infante, respondió que los tomos “pertinentes de los Libros de Actas, se encontraban en proceso de elaboración, por lo que actualmente no es posible atender la solicitud referida". Convoca.pe pudo conocer a partir de entrevistas a personas que tuvieron conocimiento cercano de lo que sucedió en la inusual sesión del 11 de junio, que en realidad no todos los ministros que participaron en la reunión firmaron el acta, lo que imposibilitaba que el documento se haga público.
Los ministerios que debieron tener participación directa en la elaboración del proyecto de ley, como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas fueron ignorados en el proceso. Ambas carteras respondieron ante nuestras solicitudes de información, que no contaban con un documento de aportes a esta iniciativa legal del Ejecutivo. El exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, respondió el último 25 de junio a Convoca.pe en un mensaje telefónico desde el extranjero que “esta ley la preparó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sin aportes de ninguna otra administración”. Sin embargo, Mayorga se mostró a favor del pedido de las empresas previo a la aprobación de la norma. Lo mismo aseguró el viceministro de Minas, Guillermo Shinno. En el expediente del proyecto de ley solo aparecen los aportes del Ministerio de Cultura que no tuvo una participación crucial en el tema.
La iniciativa se elaboró a puertas cerradas y con celeridad en el MEF dirigido por el entonces ministro Luis Miguel Castilla Rubio. En sólo 48 horas, entre el 10 y 12 de junio de 2014, se revisó y aprobó el proyecto en siete oficinas de este ministerio para después ser presentado ante el Congreso de la República. Al borde del cierre de la legislatura, el documento ingresó al Parlamento el 18 de junio de ese año y se aprobó el 27, nueve días después, en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. La comisión permanente, integrada en esa votación por 21 congresistas, aprobó la norma el 3 de julio de 2014. Solo votaron en contra los legisladores Rosa Mavila, Yonhy Lescano y Alberto Beingolea. La bancada fujimorista se abstuvo de votar. Le ley se promulgó el 12 de julio pero las presiones del sector privado se iniciaron varios meses atrás.
Los personajes
Desde inicios de 2012, los empresarios salieron a los medios de comunicación a denunciar que los proyectos de industrias extractivas e industriales se encontraban paralizados porque las autoridades no otorgaban los permisos con celeridad. En su investigación “Cuando el poder extractivo captura el Estado” (Ver “La Captura del Presidente”) publicado por Oxfam en Perú, el sociólogo Francisco Durand ha detallado cómo fue ganando terreno este reclamo en la tribuna pública y cómo el presidente Ollanta Humala centralizó su paquete reactivador de la economía basado precisamente en este discurso.
Convoca.pe registró otros hechos. En marzo de 2013, Jorge Merino, entonces ministro de Energía y Minas, anunciaba en la presentación oficial de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos que se acelerarían los trámites para la exploración y explotación en el sector.
En sólo 48 horas, entre el 10 y 12 de junio de 2014, se revisó y aprobó el proyecto en siete oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas para después ser presentado ante el Congreso de la República.
Meses después, en octubre de 2013, se realizó un foro organizado por la Cámara de Comercio Americana del Perú en el Country Club Lima Hotel que reunió a abogados, empresarios de las industrias extractivas y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para recoger propuestas que facilitarían la inversión privada. Entre los invitados estuvo el entonces ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, así como Cecilia Blume, ex jefa del gabinete de asesores del MEF cuando Kuczynski era ministro y actual consultora de empresas privadas que ha sido involucrada en diversos casos de gestiones de interés ante instituciones públicas. Alonso Segura, actual titular del MEF y entonces asesor principal de ese ministerio, participó en una mesa sobre seguimiento y levantamiento de las trabas de inversión donde tenía un papel protagónico.
Alonso Segura, ex gerente de inversiones y estudios económicos del Banco de Crédito del Perú, dirigía el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión creado por el gobierno de Ollanta Humala, cargo en el que estuvo hasta que asumió la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas en setiembre de 2014. Este grupo nació en mayo de 2013 mediante el decreto supremo Nº 104-2013-EF, con el objetivo de analizar los proyectos de inversión en el país.
Por esos meses, la Sociedad Nacional de Hidrocarburos había tenido una labor intensa para que desparezcan las llamadas “trabas burocráticas”. Este gremio, dirigido por la ex Defensora del Pueblo Beatriz Merino, presentó en marzo de 2014, el llamado Libro Blanco de los Hidrocarburos que recogía una serie de propuestas para la inversión en esta actividad económica. De acuerdo con especialistas, las medidas de esta publicación olvidaban el potencial impacto en el medio ambiente debido a que planteaba flexibilizar los requisitos para la aprobación de los estudios ambientales de los proyectos de inversión.
El 5 de junio, pocos días antes de la aprobación del propuesta de ley del Ejecutivo en la sesión del Consejo de Ministros, el entonces titular de Energía y Minas Eleodoro Mayorga recibió en su despacho a miembros de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos entre los que se encontraba Beatriz Merino. También asistieron representantes de las empresas petroleas Pluspetrol, Maple, BPZ, Perenco y Olimpyc, según el registro de visitas de esta institución. Los acompañaron en la reunión dos funcionarias del ministerio de Economía y Finanzas: la economista Fiorella Molinelli y Nelly Salcedo.
Molinelli integraba el equipo especial de seguimiento de las inversiones que dirigía Alonso Segura. Luego de que se aprobó la ley 30230, esta economista dejó el MEF en setiembre de 2014 y pocos meses después apareció al otro lado del mostrador: se convirtió en consultora de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, el mismo gremio con el que se reunió cuando era funcionaria del Estado mientras impulsaba la ley 30230 desde el MEF. En 2016, Molinelli reapareció en los medios de comunicación como candidata al Congreso por Peruanos por el Kambio de Pedro Pablo Kuczynski. Aunque no salió elegida en estas últimas elecciones, es cercana al nuevo régimen que asumirá el mando a fines de julio. Actualmente forma parte del equipo de transferencia de gobierno y es voceada como una de las ministras del nuevo gabinete.
Molinelli aseguró a Convoca.pe que uno de los objetivos del equipo que integró era “identificar dónde estaban los cuellos de botella que impedían que salgan unos proyectos (de inversión)". Al ser consultada sobre los aportes de los gremios empresariales en la elaboración de la ley 30230, Molinelli respondió que en las reuniones que se realizaban en el MEF, “ellos (los gremios empresariales) siempre venían, te visitan y te traían los problemas" y que ello no necesariamente era "para una norma" sino que podía "haber preocupaciones sectoriales".
El ex viceministro de Justicia, Alfonso Garcés Manyari, también trabajó con Molinelli en el equipo encargado de destrabar las inversiones. En setiembre de 2014, Garcés se convirtió en el nuevo director ejecutivo de este grupo luego que Segura fuera nombrado ministro del sector. Garcés Manyari es un personaje que ha transitado por varios cargos públicos, incluso aparecía al mismo tiempo en el directorio de Sunat, Banco de la Nación y el Comité de Inversión Pública de ProInversión.
El tercer miembro encargado de impulsar el “Paquetazo ambiental” es Gabriel Daly Turcke, quien luego de su paso por este sector del Estado se convirtió en editor de Informes Especiales de El Comercio, diario que defendió en su línea editorial el reclamo de los empresarios. Daly Turcke y Garcés Manyari han regresado al equipo del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, al lado del ministro Alonso Segura.
Las empresas favorecidas
Pero ellos no son los únicos personajes de este equipo especial creado por el régimen de Humala. Después de la aprobación de la ley 30230, se integró al grupo de seguimiento de las inversiones del MEF Patrick Wieland Fernandini, hoy jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente y encargada de revisar y aprobar los estudios ambientales presentados por las empresas. Wieland Fernandini también ha sido socio de los estudios Echecopar y Benites Forno, que entre sus clientes tiene a empresas de la gran minería y petróleo. Este último estudio brinda servicios a las compañías mineras Barrick y Antamina, que han sido favorecidas con el archivamiento de multas en cuatro procesos cada una gracias a la ley 30230 impulsada por el equipo del MEF.
En la resolución de sanción 504-2015-OEFA-DFSAI, de mayo de 2015, se indica que Barrick no tomó medidas para evitar descargas de agua con acumulación de minerales en terrenos del caserío de Atupa en Áncash. Mientras que en la resolución de sanción de Antamina (N° 160-2015-OEFA-DFSAI), de febrero de 2015, se menciona que la minera incumplió la recomendación del organismo regulador de tomar medidas de contingencia y evitar derrames de los desechos tóxicos que descargaba su planta en el distrito de San Marcos, en Áncash. La compañía tampoco construyó una poza para garantizar el control de potenciales derrames de lodo en su planta de tratamiento. Ambas infracciones fueron ratificadas pero no hubo multa.
El artículo 19 de la ley 30230 permitió que los procesos evaluados en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI), la primera instancia de OEFA, no terminen en multas para las empresas durante los siguientes tres años y que a cambio se establezcan medidas correctivas. En el caso de los procesos que estaban en manos del Tribunal, la segunda instancia, las multas disminuyeron en 50%. La ley, que empezó a aplicarse en la quincena de julio de 2014, suspendió el incremento de multas escalonadas que OEFA iba empezar a aplicar desde inicios de ese año.
A pesar de este golpe a la fiscalización ambiental, el presidente de OEFA, Hugo Gómez, defendió la norma en un artículo publicado en El Comercio a pocos días de promulgarse la ley 30230 porque aseguraba que la medida focalizaba “la fiscalización en la prevención, corrección y remediación ambiental” a través de medidas correctivas en lugar de multas.
Lo controversial de la norma es que las empresas mineras más sancionadas y reincidentes como Volcan, Buenaventura y Santa Luisa se beneficiaron con multas congeladas por reiteradas infracciones ambientales como lo demostró Convoca.pe en el reportaje “Los 30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras”. El mismo patrón se repitió en el caso de las compañías petroleras más infractoras como Pluspetrol Norte y Petro Perú (Ver “Los millones perdonados a las petroleras”).
Hasta marzo de 2016, las empresas mineras y de hidrocarburos han sido beneficiadas con unos 500 procesos sancionadores sin multas, según el registro oficial de OEFA. Esa es la otra cara de las cifras entusiastas de inversión de más de 12 mil millones de dólares adjudiciados por Proinversión que resaltó el presidente Ollanta Humala aquella noche del aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias. Humala dejará Palacio de Gobierno en apenas cuatro semanas sin cumplir la promesa de proteger el agua y los territorios del que dependen las poblaciones de los Andes y la Amazonía que lo llevaron al poder.